Para Antonio Campos y su mujer Igone Aldaregia el tiempo corre en contra para no acabar perdiendo su vivienda de protección oficial en un barrio periférico de San Sebastián. Padres de cuatro hijos, todos menores de edad, autónomos en paro desde hace casi dos años, sobreviven de la ayuda económica familiar y de las visitas quincenales al Banco de Alimentos.
A este matrimonio no solo le preocupa quedarse en la calle con cuatro hijos. En su día tuvo que recurrir a dos avalistas a la hora de pedir un crédito hipotecario. “Mi tío nos avaló con su nómina y mi abuela, que tiene 80 años, con su casa. Si quieren les doy mi piso en pago al banco, pero no quiero que toquen a mi abuela. Su casa está ya pagada y no debe pasar por el disgusto de quedarse en la calle por haber sido avalista”, se lamenta.
Las clases humildes son las que más están sufriendo los recortes en educación y sanidad. El estado les está abandonando, les condena a la pobreza y en muchos casos literalmente a pasar hambre. Es más, en una situación de crisis en que el estado debería ayudar a los más débiles tenemos que escuchar que se va a salir de dicha situación a base de castigar a los más pobres.
La crisis está sirviendo para que los ricos sean más ricos y los pobre más pobres.
Sería de justicia que empezáramos a ver medidas de apoyo a las clases más humildes: protección contra los desahucios, ayudas para que los jóvenes puedan estudiar, sanidad totalmente gratuita para los más desfavorecidos. El estado debe impedir que cualquier persona que viva en España pase hambre, ya sea español, extranjero, residente legal o ilegal; estos derechos no son patrimonio de una parte de los españoles, nos pertenecen a todos según la Constitución y debemos exigir que se cumpla nuestra primera ley.
María Giles.
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